En los últimos tiempos, la problemática de la ocupación ilegal ha sido un tema candente. Con la llegada de la nueva Ley Antiokupas, se espera que los desalojos de ocupantes ilegales sean más rápidos, en un plazo máximo de 15 días. Pero, ¿realmente es así? Vamos a analizarlo en detalle.
¿A quién aplica esta nueva ley?
Esta ley se dirige exclusivamente a los inquilinos sin justo título, es decir, aquellas personas que ocupan ilegalmente una propiedad sin contar con un contrato o derecho legítimo. Sin embargo, no aplica a los llamados «inquiokupas», que son aquellas personas que, aunque estén ocupando una vivienda sin pagar, lo hacen bajo un contrato de alquiler previo, incluso si ya ha vencido.
¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley Antiokupas?
La reforma se hará efectiva a partir del 3 de abril de 2025, por lo que los cambios en los procedimientos judiciales para desalojar okupas comenzarán a aplicarse a partir de esa fecha.
¿Por qué se ha implementado esta reforma?
El cambio legislativo afecta al artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que establece los delitos que pueden ser juzgados mediante un procedimiento de enjuiciamiento rápido. Con la reforma, se incluyen dos nuevos delitos en esta categoría:
- Allanamiento de morada: Ocupar una vivienda que es domicilio habitual de una persona sin su consentimiento.
- Usurpación de vivienda: La ocupación ilegal de una vivienda sin violencia, pero sin consentimiento del propietario.
Dado que los «inquiokupas» están en una situación contractual diferente, este procedimiento no los afectará, ya que su caso se considera un incumplimiento de contrato y no un delito de allanamiento o usurpación.
¿Cómo funcionará el enjuiciamiento rápido?
Con esta modificación, la citación a juicio debe producirse dentro de los 15 días siguientes a la comparecencia del acusado ante el juzgado de guardia. Además, el juez tendrá un máximo de tres días desde la finalización del juicio para dictar sentencia.
¿Dónde encontramos los problemas?
El artículo 795 establece que el delito debe cumplir ciertos requisitos para ser juzgado rápidamente:
- Debe ser un delito flagrante: Esto significa que la ocupación debe estar ocurriendo en el momento en que la policía o el propietario la detectan.
- Debe ser de instrucción sencilla: Si el caso es complejo o requiere una investigación prolongada, no podrá resolverse mediante este procedimiento rápido.
¿Por qué esto puede ser un problema?
Existen varias razones por las cuales esta reforma podría no ser tan efectiva como parece:
- Muchas ocupaciones no son flagrantes, ya que los okupas llevan tiempo en la vivienda cuando se denuncia el caso.
- Algunas situaciones pueden ser difíciles de instruir, especialmente cuando hay disputas sobre la propiedad o contratos previos.
- El sistema judicial ya tiene retrasos, lo que podría dificultar el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley.
¿Será esta ley efectiva para los propietarios?
A pesar de las limitaciones mencionadas, la modificación legislativa representa un avance en la lucha contra la ocupación ilegal. Sin embargo, todavía falta ver cómo se aplicará en la práctica y si realmente se lograrán los desalojos en los plazos prometidos.
Desde Prolegalis, abogados expertos en derecho inmobiliario, recomiendan que los propietarios estén bien informados y cuenten con asesoría legal para afrontar cualquier caso de ocupación ilegal. Tener el apoyo de un abogado especializado puede marcar la diferencia en la rapidez y efectividad del desalojo.
Conclusión
La nueva Ley Antiokupas es un paso en la dirección correcta, pero aún tiene desafíos por resolver. Si bien promete desalojos más rápidos, en la práctica, la efectividad dependerá de cómo los jueces y tribunales apliquen la norma. En cualquier caso, cualquier avance que refuerce los derechos de los propietarios es positivo, y esperemos que continúe la evolución de la legislación en este sentido.
